Unos 55 millones de personas de los pueblos originarios sufren desproporcionadamente los efectos de la crisis del COVID-19, indica la agencia laboral de la ONU, destacando su falta de acceso a los servicios de salud, educación, seguridad social y participación política, además de su sobrerrepresentación en la economía informal y los segmentos más pobres de la población.
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