Juana Alonzo Santizo, una migrante indígena guatemalteca, fue detenida en agosto del 2014 en Reynosa, Tamaulipas. Mientras se dirigía a Estados Unidos, policías locales la detuvieron, la acusaron de ser secuestradora y la llevaron al Ministerio Público, donde habría sido golpeada y engañada para firmar una carta donde se declaraba culpable.
La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) tomó el caso de Juana y acreditó irregularidades en el proceso judicial. Además de haber sufrido una detención arbitraria y tortura, la joven indígena no tuvo acceso a un intérprete que le explicara los motivos de su detención. En 2014 ella solo hablaba su lengua natal, el Chuj, y no entendía el español.
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