Informes emitidos por Estados Unidos y la Unión Europea llegan a la misma conclusión: en Guatemala los activistas de derechos humanos y sociales sufren una persecución sistemática del Estado y de sus administraciones de turno. Igualmente, los trabajadores de las comunicaciones. No existe justicia respecto de los brutales crímenes de guerra del último conflicto armado; la corrupción institucional está extendida en todas sus entidades; la condición de las personas privadas de libertad es inhumana; y son pan corriente las reclusiones fuera de la ley.
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