Las primeras propuestas se presentaron entre denuncias de desplazamiento, asesinatos y criminalización en comunidades rurales e indígenas como parte del Acuerdo de Escazú. En las mesas de trabajo también se reconoció que las y los periodistas ambientales deben considerarse entre la población vulnerable sujeta a los mecanismos de protección del Acuerdo de Escazú.
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