La ausencia de información y estadísticas precisas sobre la situación de las Juventudes Indígenas en América Latina, incluyendo la exclusión de su visión propia sobre las temáticas que les incumben, y la falta de normatividad específica para reconocer o salvaguardar los derechos fundamentales, son algunas de las conclusiones del Informe Regional de las juventudes indígenas “Telares de Vida: Juventudes Indígenas, efectos de la pandemia y Políticas Públicas”.
El informe, publicado por el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (FILAC) en coordinación con la Red de Jóvenes Indígenas y con el apoyo de población de Naciones Unidas -UNFPA, tiene como objetivo ser un documento de referencia para los Estados, organismos internacionales y organizaciones de las juventudes indígenas, promoviendo la generación y aplicación de políticas públicas integradoras y transversales sobre juventudes indígenas en los países de la región.
El informe integra dos grandes áreas de contenidos: por un lado, la recopilación de la información regional existente, y por el otro la visión de las propias juventudes indígenas sobre la realidad que viven y como desearían que la misma cambiara.
Datos e información desagregada
El informe considera que la existencia de datos e información desagregada por origen étnico y rango etario es la base fundamental para la construcción de políticas públicas, en este caso, relacionadas a las juventudes indígenas, tema en el que se encuentran las mismas dificultades, pero potenciadas, a las existentes en relación a los datos e información desagregada sobre Pueblos Indígenas en general.
Según el documento, el concepto “Juventud Indígena” no solo está asociado a una etapa biológica o de desarrollo personal, sino tiene que ver más con un entorno social, cultural, donde se otorgan distintos alcances, significados y perspectivas. Para algunas organizaciones internacionales, los jovenes son las personas entre un rango etario de 15 a 24 años; sin embargo, asegura que este concepto es contrario con las formas de pensar de la cultura de los Pueblos Indígenas, toda vez que se manejan otros tiempos y otras dimensiones de las etapas de la vida.
Según el informe, hoy, entre los nuevos retos de los países de la región está el de dimensionar a las juventudes indígenas como sujetos políticos de derechos; contar con información sobre cuántos son, dónde están y cuáles son sus principales demandas, para ser atendidas; lograr que los nuevos censos poblacionales en los países incluyan variables que permitan identificar la presencia indígena en sus países. Todo esto ayudará a tener políticas públicas interculturales más cercanas a la realidad que se viven en cada Estado-Nación.
Legislación sobre las juventudes indígenas
El Informe da a conocer que hay una vasta legislación en el continente sobre los Pueblos Indígenas, de carácter internacional como la Declaración de las Nacionales Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); otras del nivel nacional al interior de cada Estado-Nación, donde reconocen la diversidad étnica, cultural y lingüística de sus territorio.
Sin embargo, a pesar de esa normatividad en el contexto internacional donde se registran avances significativos, el informe afirma que existe la necesidad de contar con legislación específica para las juventudes indígenas y se reconozcan programas internacionales, en los países. El estudio recopiló las voces de jóvenes indígenas, quienes compartieron su percepción sobre la legislación de sus países.
Durante la investigación Telares de Vida, las juventudes indígenas de toda la región manifestaron claramente que no hay normatividad específica para reconocer o salvaguardar los derechos fundamentales de las juventudes indígenas.
Institucionalidad y política publica
En la región son pocos los países los que cuentan con instituciones específicas para atender las demandas de las juventudes indígenas, si bien hay instituciones de juventudes, estas son más generales, solo en Paraguay existe un espacio directamente para las juventudes indígenas, como cuenta Ana Romero, “en cuanto a instituciones si las hay, es la Secretaría Nacional de Juventud dentro de este ente nosotros abrimos un espacio de asuntos de Jóvenes Indígenas” .
“El tema no es solo de presupuestos, infraestructuras físicas, instituciones o leyes, esto va más allá, y tiene que ver con las formas de relacionarse con las juventudes indígenas desde las instituciones gubernamentales, en un marco de respeto y de reconocimiento del otro como un actor clave para la construcción de los Estados”, resalta el informe.
Respecto a la políticas públicas y juventudes indígenas, el informe da a conocer que debe haber un diálogo intercultural en la construcción de políticas públicas interculturales que respondan, desde un enfoque de derechos humanos a las necesidades de las comunidades, desde diferentes enfoques: cultural, lingüístico, territorial, con perspectiva de mujer, familia y generación, además de cumplir con el derecho fundamental que tienen los Pueblos y Comunidades Indígenas a la consulta previa, libre e informada y a otorgar su consentimiento.
En el informe, que se enmarca en el Plan de Acción de Iberoamérica para la Implementación de los Derechos de los Pueblos Indígenas, los jóvenes indígenas recopilan y dan a conocer información sobre Juventudes Indígenas, respecto, a la salud, educación, lenguas indígenas, suicidios, empleo, violencia, trabajo y economía comunitarias, formas de organización y participación política, mujeres indígenas jóvenes, acciones para enfrentar la pandemia, soberanía alimentaria, entre otros.
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